Así deja en la calle a 29 familias de Ibiza el Govern de la socialista Francina Armengol

El conseller de Vivienda del Govern balear, Josep Marí Ribas, culminó en la mañana de hoy el desahucio de las 29 familias de Sant Josep (Ibiza), cuyo edificio declaró en ruina en 2020 cuando era alcalde de esta localidad ibicenca.

A las ocho de la mañana, un amplio dispositivo policial se ha presentado en los apartamentos don Pepe con la pertinente orden judicial y ha procedido al desalojo de los pisos propiedad de los residentes. Los titulares fueron sacando sus pertenencias, ya empaquetadas, para su traslado provisional a un hotel cedido temporalmente por el Ayuntamiento durante dos meses. 

Un total de once familias ya han solicitado acogerse a esa residencia temporal y otras siete están tramitando ayudas al alquiler en una isla con la vivienda más cara de toda Baleares. 

El amplio dispositivo de la Policía Local y la Guardia Civil ha acordonado el acceso al inmueble, impidiendo a la población de esta localidad ibicenca acceder al interior del recinto para expresar su solidaridad con las familias desahuciadas. La portavoz vecinal, Silvia Hernández, ha lamentado la situación terrible en la que se quedan, la mayor parte de ellas bajo tratamiento psicológico, y que deberán seguir pagando la hipoteca de sus viviendas, además del alquiler de su nueva residencia.

«Es terrible lo que nos está pasando, estamos en una situación de incertidumbre total, no hay nada garantizado y solo queda esperar, seguir movilizándonos y buscarnos la vida», manifestó Hernández.

El Govern balear ya les había manifestado semanas atrás la no disponibilidad de viviendas sociales para cederlas a los afectados, que esperan concretar en los próximos días la firma de un convenio con el Consell Insular de Ibiza. La administración ibicenca les había prometido destinar 500.000 euros para cubrir y hacer frente a las necesidades inmediatas de unas familias, muchas de las cuales tienen menores a su cargo.

Hernández ha censurado la falta de voluntad política del Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento para dar una solución a esta situación, criticando su falta de empatía y sensibilidad. El desalojo de los residentes se está llevando a cabo de forma pacífica, pese a las protestas de algunos de ellos, ya que como ha recordado Hernández, «estamos convencidos de que el edificio es habitable, como así lo afirman los técnicos».

A este respecto, hay que recordar que el estudio Anima Arquitectura presentó un exhaustivo análisis del inmueble al juzgado que tramita el contencioso interpuesto por los afectados, en el que rechazaba la declaración de ruina de estos apartamentos, y el temor a un posible colapso  del edificio, cifrando en 320.000 euros el coste de los trabajos para la reforma integral del mismo.

Una vez acabado el desalojo, se procederá al precintado de las puertas de cada piso y al cierre del recinto para intentar evitar así la entrada de okupas, algo que los propietarios temen que pueda suceder ante la falta de efectivos policiales de esta localidad ibicenca de 24.000 habitantes.